La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), fundada en 1975, enfrenta una crisis sin precedentes que podría afectar a 1,5 millones de funcionarios y sus familias. El conflicto surge por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las tres principales aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV) para renovar el concierto que proporciona asistencia sanitaria a los empleados públicos.
El punto de discordia radica en el aumento de las primas. Mientras el Gobierno propone un incremento del 14% para los próximos dos años, las aseguradoras demandan un 40%. Esta disparidad ha llevado a que Adeslas, Asisa y DKV decidan no participar en la nueva licitación, poniendo en riesgo la cobertura sanitaria de los funcionarios a partir de 2025.
Las aseguradoras argumentan que el actual concierto les genera pérdidas anuales de 200 millones de euros. Consideran que el aumento propuesto por el Gobierno es insuficiente, especialmente en un contexto de inflación y aumento de la siniestralidad. Esta situación refleja los desafíos que Muface ha enfrentado desde la crisis económica de 2008, que afectó significativamente su presupuesto.
El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública convocó a los directores generales de las tres compañías el viernes pasado para discutir las nuevas condiciones del concierto. Sin embargo, el desencuentro persiste, amenazando con dejar desierta la licitación. El Gobierno dispone de tres meses para mejorar las condiciones si desea garantizar la cobertura sanitaria de los funcionarios y sus familias a partir del próximo año.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación y no descarta movilizaciones si no se resuelve el conflicto. El sindicato advierte que la calidad de la atención sanitaria no debe verse comprometida por falta de inversión gubernamental.
"CSIF seguirá luchando por la mejora del modelo sanitario que ofrece Muface, al igual que en las mutuas de la Justicia y de la Defensa, Mugeju e Isfas, respectivamente, y que se está viendo abocado a un deterioro continuo por una inversión deficitaria"
Es importante destacar que Muface, junto con Isfas (militares) y Mugeju (judiciales), cubre aproximadamente al 5% de la población española. Este sistema de mutualidades, con orígenes en el siglo XIX, ha sido considerado un ejemplo de colaboración público-privada en sanidad, aunque también ha enfrentado críticas por la disparidad en la cobertura entre regiones.
Actualmente, la prima media de Muface es de 984 euros, significativamente menor que los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público. Según la patronal de la sanidad privada ASPE, el concierto de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros anuales. La desaparición de este sistema podría suponer un impacto económico de más de 1.000 millones de euros para la sanidad pública.
Esta crisis ocurre en un momento en que el gasto sanitario per cápita en España es inferior a la media de la UE. Además, el envejecimiento de la población funcionarial supone un reto adicional para la sostenibilidad del sistema. A pesar de estos desafíos, Muface ha implementado programas de prevención y promoción de la salud, y ha digitalizado muchos de sus servicios en los últimos años.
La resolución de este conflicto es crucial no solo para los funcionarios españoles, sino también para el futuro del modelo de mutualidades en España, que ha sido objeto de estudio como posible ejemplo para otros países.