En un contexto de negociaciones entre el Gobierno y la escuela concertada, y ante una disminución demográfica que intensifica la competencia por alumnos, la patronal de centros privados Cicae ha presentado un estudio que revela prácticas controvertidas en colegios concertados españoles. La investigación, que abarca 321 centros en ocho comunidades autónomas, destaca cobros de cuotas que podrían llegar hasta los 500 euros mensuales.
El sistema de educación concertada en España, establecido en 1985 con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), se diseñó para ofrecer una alternativa educativa con financiación pública. Sin embargo, el estudio de Cicae sugiere que algunos centros podrían estar desviándose de los principios originales de gratuidad y no discriminación.
Según los resultados, el 79% de los colegios analizados cobra una cuota base a las familias, y en el 72% de los casos, estos pagos no son voluntarios. Esta práctica contradice el derecho a una educación gratuita en centros financiados con fondos públicos, principio fundamental del sistema concertado.
El informe revela diferencias significativas entre centros según su tipología. Los colegios con titularidad mercantil cobran en promedio 108,38 euros mensuales, mientras que las instituciones y congregaciones religiosas tienen una cuota media de 60,10 euros. Estas disparidades plantean interrogantes sobre la equidad en el acceso a la educación concertada.
Elena Cid, directora general de Cicae, ha expresado su preocupación por estas prácticas:
"Este sistema es opaco y transparente y se están desvirtuando los conciertos tal y como fueron concebidos. Las tres redes, pública, privada y concertada, son imprescindibles y la concertada hace una labor social. No queremos que no exista la concertada, queremos que existan las tres redes pero cumpliendo lo que marca el concierto, que es la gratuidad de la enseñanza"
El debate sobre la financiación de la educación concertada ha sido un tema controvertido en la política educativa española desde su implementación. La crisis económica de 2008 y, más recientemente, la pandemia de COVID-19 han planteado nuevos desafíos para su financiación y gestión.
Mientras el sector concertado argumenta infrafinanciación, Cicae critica la competencia desleal y la posible obtención de lucro. Esta situación refleja la complejidad del sistema educativo español, donde aproximadamente el 25% de los estudiantes asisten a escuelas concertadas.
El estudio también señala casos de exclusión si las familias no pagan las cuotas, llegando al 31% en algunos centros de Madrid. Esta práctica contradice el principio de no discriminación que debería regir en la educación concertada.
La controversia actual se enmarca en un debate más amplio sobre el papel de la educación concertada en España, que tiene sus raíces en el Concordato de 1953 entre España y la Santa Sede. La reciente Ley Celaá de 2020 introdujo cambios en su regulación, reflejando la continua evolución del sistema educativo español.