El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un paso significativo en la configuración de la cúpula judicial española. En una decisión unánime tomada el 25 de septiembre de 2024, el Pleno del CGPJ ha aprobado el nombramiento de Dimitry Berberoff como vicepresidente del Tribunal Supremo.
Berberoff, reconocido por su experiencia en Derecho de la Unión Europea, aporta un perfil internacional al alto tribunal. Su trayectoria incluye haber sido letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una institución clave en la interpretación de la legislación comunitaria. Además, desde 2019, ha formado parte de la Sala de Gobierno del Supremo, órgano responsable de la organización y funcionamiento de este tribunal.
La propuesta de nombramiento proviene de Isabel Perelló, recientemente elegida presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo. Su elección de Berberoff refleja una clara intención de potenciar el perfil europeo del Alto Tribunal, en un momento en que el Derecho de la Unión Europea tiene primacía sobre el derecho nacional de los estados miembros.
Este nombramiento se produce en un contexto donde el sistema judicial español enfrenta diversos desafíos. El CGPJ, creado por la Constitución de 1978, ha sido objeto de controversias políticas en cuanto a la elección de sus miembros. Sin embargo, su papel es fundamental, ya que tiene funciones disciplinarias sobre jueces y magistrados, garantizando así la independencia judicial.
El Tribunal Supremo, con sede en el Palacio de Justicia de Madrid, se divide en cinco salas especializadas y tiene la capacidad de revisar sentencias de tribunales inferiores e incluso declarar la inconstitucionalidad de leyes. La figura del vicepresidente, creada en 2015, adquiere especial relevancia al sustituir al presidente en caso de ausencia o vacante.
La decisión unánime del Pleno del CGPJ, compuesto por 20 vocales y el presidente, subraya la confianza depositada en Berberoff para este cargo crucial. Su experiencia previa como director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo le proporciona un conocimiento profundo del funcionamiento interno de la institución.
Este nombramiento marca un hito en la historia reciente del poder judicial español, reforzando su conexión con el ámbito jurídico europeo y potenciando su capacidad para abordar los complejos desafíos legales que enfrenta España en el contexto de la Unión Europea.