Sanidad prepara protocolo para objetores al aborto en España

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, ha anunciado la próxima finalización de un borrador de protocolo para registrar a los objetores de conciencia al aborto. Esta medida busca garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en la sanidad pública sin obstáculos.

El anuncio se produce en un contexto donde el derecho al aborto en España ha evolucionado significativamente desde su despenalización en 1985. La ley actual, aprobada en 2010, permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, con extensiones en casos específicos.

García enfatizó la importancia de defender el derecho al aborto libre y seguro como una conquista fundamental. Esta postura se alinea con la declaración del Parlamento Europeo en 2021, que reconoció el aborto como un derecho fundamental.

La ministra también abordó el aumento de abortos en menores de 20 años, que alcanzó 10.934 casos en 2023, un 4,78% más que el año anterior. Este dato contrasta con la tendencia general de disminución de abortos en adolescentes en la última década, posiblemente influenciada por la educación sexual obligatoria implementada desde 2010.

El borrador propuesto busca crear una imagen real de los objetores en España, abordando un vacío legal que ha permitido que algunas comunidades y hospitales eviten realizar abortos en la sanidad pública. Es importante destacar que la objeción de conciencia está reconocida en la Constitución Española, lo que añade complejidad a la situación.

García subrayó la necesidad de garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública, considerando que actualmente la mayoría de los procedimientos se realizan en centros privados acreditados. Esta iniciativa se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que considera el aborto seguro como un componente esencial de la atención sanitaria.

La ministra también hizo referencia al contexto internacional, mencionando países como Italia, Argentina y Hungría, donde el debate sobre el aborto ha resurgido. En contraste, España mantiene una posición progresista, siendo uno de los países europeos con mayor uso de anticonceptivos y tasas de aborto relativamente estables.

El protocolo propuesto se enviará a las comunidades autónomas para su consenso, con el objetivo de implementar plenamente la ley de protección de la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Este paso es crucial para asegurar que el derecho al aborto, reconocido como constitucional por el Tribunal Constitucional en 2010, sea accesible en todo el sistema de salud público español.

"Estamos oyendo voces en muchos países e incluso en España que vuelven a poner la batalla política en nuestros cuerpos. No lo vamos a permitir."

Esta iniciativa refleja el compromiso continuo de España con los derechos reproductivos, desde la primera ley de aborto en 1937 durante la Segunda República, hasta los esfuerzos actuales por garantizar su accesibilidad y seguridad en todo el territorio nacional.