PP admite error en reforma que beneficia a presos de ETA
El PP reconoce un "error injustificable" en la reforma que beneficia a presos de ETA. El Gobierno defiende la ley, mientras el PP busca retirarla. Tensiones entre partidos por la polémica medida.
En un giro inesperado de los acontecimientos, el Partido Popular (PP) ha admitido haber cometido un "error injustificable" al apoyar una reforma legal que beneficia a 44 presos de ETA. Esta situación ha generado una intensa polémica en el ámbito político español, poniendo de manifiesto las complejidades del proceso legislativo y las tensiones entre los partidos.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se comunicó telefónicamente con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para abordar esta controvertida reforma. Durante la conversación, Bolaños cuestionó el cambio de postura del PP, que inicialmente apoyó la medida y ahora busca revertirla.
Es importante recordar que ETA, organización terrorista que operó desde 1959 hasta 2018, fue responsable de más de 800 muertes durante su existencia. La política antiterrorista ha sido tradicionalmente un tema de consenso entre los principales partidos españoles.
El Gobierno defiende la aplicación de la ley tal como está, argumentando que sirve para adaptar el derecho europeo en España. Cabe destacar que el derecho europeo tiene primacía sobre el derecho nacional en los países miembros de la UE, y su aplicación a menudo requiere modificaciones en la legislación española.
Por su parte, el PP insiste en que es potestad del Gobierno retirar la norma, algo que La Moncloa descarta. Esta situación pone de relieve las complejidades del proceso legislativo español, que incluye varias etapas y permite la presentación de enmiendas.
El Gobierno ha afirmado que la ley cuenta con el respaldo de un dictamen favorable del Consejo de Estado. Sin embargo, es importante aclarar que este órgano consultivo solo validó el anteproyecto de ley, no las enmiendas introducidas posteriormente en el trámite parlamentario.
"Todos estos textos eran públicos y sobradamente conocidos. Es imposible que el PP no los conociera y, por lo tanto, es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión"
Esta polémica subraya la importancia de la política penitenciaria en España, una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Además, pone de manifiesto el objetivo constitucional de reinserción social de los presos en el sistema penitenciario español.
En conclusión, este episodio revela las complejidades de la política española y la necesidad de un escrutinio cuidadoso de las reformas legales, especialmente aquellas que pueden tener efectos retroactivos en sentencias ya dictadas. El PP se enfrenta ahora al desafío de explicar su cambio de posición, mientras que el Gobierno defiende la validez y necesidad de la reforma.
