Montero ausente en conciliación por demanda de pareja de Ayuso

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no se presentó al acto de conciliación programado en un juzgado madrileño el 2 de octubre de 2024. Este procedimiento se originó a raíz de una demanda por intromisión al honor interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El acto de conciliación, que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, tenía como objetivo buscar un acuerdo para evitar un litigio formal. Sin embargo, debido a la ausencia de representantes de Montero, el proceso quedó sin efecto. Ahora, corresponde al demandante decidir si continúa con el procedimiento judicial.

Es importante destacar que la ministra Montero está representada en este caso por la Abogacía del Estado, organismo encargado de defender los intereses del Estado español en procesos judiciales.

La demanda surge a raíz de las declaraciones realizadas por Montero durante una sesión de control en el Senado el 12 de marzo de 2024. En dicha sesión, la vicepresidenta sugirió que la presidenta madrileña podría estar residiendo en una vivienda adquirida mediante fraude fiscal.

Estas afirmaciones se produjeron en el contexto de informaciones periodísticas que revelaban una denuncia de la Fiscalía de Madrid contra González Amador por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros. Además, se mencionaba que Díaz Ayuso residía en un inmueble valorado en un millón de euros, cuya adquisición coincidió con una investigación fiscal a su pareja.

"La presidenta madrileña podría estar viviendo en un piso que se pagó con fraude"

En respuesta a estas acusaciones, la defensa de González Amador anunció varias acciones legales contra Montero, incluyendo demandas por intromisión al honor y revelación de secretos, tras la divulgación de algunos de sus datos fiscales. Además, se presentó una querella contra la Fiscalía por la publicación de una nota que informaba sobre un acuerdo alcanzado con Hacienda, en el cual se reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el Impuesto sobre Sociedades.

Este caso pone de manifiesto la tensión entre el derecho a la información y la protección del honor en el ámbito político español. La Ley Orgánica 1/1982 regula la protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen en España, estableciendo un marco legal para casos como este.

La ausencia de Montero en el acto de conciliación podría interpretarse como una decisión estratégica, considerando que la inmunidad parlamentaria protege a los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esta protección no es absoluta y puede ser cuestionada en casos de posible intromisión al honor.

El desarrollo de este caso será seguido con atención, ya que podría sentar un precedente en cuanto a los límites de las declaraciones políticas y su impacto en la esfera personal de los individuos mencionados en ellas.