Juzgado admite denuncia contra Junta de Andalucía por contratos sanitarios

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia presentada por el PSOE-A contra el Gobierno de la Junta de Andalucía. La acusación, que data del 20 de junio de 2024, alega "presunta malversación y prevaricación" en la adjudicación de aproximadamente 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria.

Estos contratos, realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se llevaron a cabo bajo un procedimiento excepcional aprobado durante la pandemia de COVID-19. Según los socialistas, el SAS continuó utilizando este método hasta 2023, "dos años después de su derogación legal". Es importante recordar que el SAS, creado en 1986, es responsable de la gestión sanitaria en la comunidad autónoma más poblada de España.

La admisión a trámite implica la apertura de diligencias sobre los contratos de emergencia realizados por el SAS entre 2021 y 2023. Estos contratos se caracterizaron por la falta de publicidad, control y concurrencia, basándose en una normativa que ya había sido derogada. Cabe destacar que el estado de alarma por la pandemia en España finalizó el 9 de mayo de 2021, lo que pone en cuestión la legitimidad de seguir utilizando procedimientos de emergencia más allá de esa fecha.

Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, ha valorado positivamente la admisión de la denuncia. Espadas ha señalado que "en el momento en el que el deterioro de la sanidad pública es más grave y claramente denunciado por pacientes y profesionales sanitarios, se confirma que efectivamente los tribunales de justicia van a investigar qué es lo que ha pasado desde 2021 a 2023".

El líder socialista ha criticado duramente al gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía desde 2019, acusándolo de saltarse "todas las normas de contratación pública" y de desviar recursos públicos a la sanidad privada mientras aumentaban las listas de espera y se deterioraba la sanidad pública.

Es importante contextualizar que la sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas en España, y que el sistema sanitario español combina servicios públicos y privados. La transparencia en la contratación pública es un principio fundamental en la legislación española, y el procedimiento de emergencia, que permite adjudicaciones directas, debe utilizarse de manera excepcional y justificada.

La investigación judicial se centrará en determinar si hubo irregularidades en la utilización del procedimiento de emergencia y si se cometieron los delitos de malversación y prevaricación, ambos tipificados en el Código Penal español. La Cámara de Cuentas de Andalucía, encargada de fiscalizar la gestión económica de la Junta, podría también jugar un papel importante en el esclarecimiento de los hechos.

Espadas ha concluido afirmando que esperan "que se depuren responsabilidades penales en su caso". Esta investigación podría tener importantes implicaciones para la gestión sanitaria en Andalucía y para el futuro político de la región.