Gobierno español mantiene reforma que beneficia a presos de ETA
El Ejecutivo español defiende la aprobación de una ley que reducirá penas a 44 etarras, argumentando que es una transposición de una directiva europea. La oposición critica la medida como uso partidista del terrorismo.
El gobierno español ha reafirmado su intención de aprobar una reforma legislativa que podría beneficiar a 44 presos de ETA, a pesar de las críticas y peticiones de retroceso. Esta decisión ha generado un intenso debate político y social en España.
La reforma en cuestión se introdujo durante la tramitación de una ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Según fuentes gubernamentales, "No se va a retirar. Se va a aprobar tal y como está". El gobierno justifica esta posición argumentando que se trata de una transposición de una directiva europea.
Es importante destacar que ETA, organización terrorista que operó en España desde 1959 hasta 2018, fue responsable de más de 800 muertes durante su existencia. La disolución definitiva de ETA se anunció el 3 de mayo de 2018, marcando el fin de una era sangrienta en la historia española.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, defendió la medida tras la reunión del Consejo de Ministros, afirmando: "Aquí no ha habido ni despiste ni errores por parte del PP. Lo que hay, lo que hemos visto, es una utilización partidista e indigna del terrorismo". Esta declaración subraya las tensiones políticas que rodean el tema.
El gobierno sostiene que todos los trámites parlamentarios en el Congreso se aprobaron "por unanimidad" y que en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, no se presentaron enmiendas ni vetos. Este argumento busca distribuir la responsabilidad entre las diferentes fuerzas políticas.
La transposición de directivas europeas es un proceso obligatorio para los estados miembros de la UE, y en este caso, se relaciona con el sistema ECRIS de intercambio de información sobre antecedentes penales. Sin embargo, la oposición y las víctimas del terrorismo han expresado su desacuerdo con la medida.
El debate sobre los beneficios penitenciarios a presos por terrorismo ha sido recurrente en la política española. La Ley 29/2011 reconoce legalmente a las víctimas del terrorismo, lo que añade complejidad al asunto.
Esta situación refleja las continuas tensiones en la política antiterrorista española, que ha sido un tema central desde la Transición. La decisión del gobierno de mantener la reforma, a pesar de las críticas, podría tener implicaciones significativas en el panorama político y social del país.
