Fiscalía pide archivar caso contra fiscal general por filtración
La teniente fiscal del Tribunal Supremo solicita archivar la exposición contra el fiscal general por revelación de secretos. Argumenta que la información filtrada ya era de conocimiento público.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado a la Sala Segunda que archive la exposición razonada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Este caso se remonta al 14 de marzo de 2024, cuando se filtró información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su informe, Sánchez Conde argumenta que la filtración de datos reservados no constituye delito, ya que la información era de conocimiento público. Esta postura coincide con la que impuso a la fiscal de Madrid en un caso similar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El caso se originó cuando el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid distribuyó una nota informativa revelando detalles de las negociaciones entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, quien estaba imputado por fraude fiscal y falsedad documental.
La teniente fiscal sostiene que:
- Todos los datos revelados eran ya de conocimiento público.
- La conducta fue inocua y carente de antijuridicidad material.
- Nadie ha cuestionado la veracidad de la información difundida.
- Más de doce fiscales y cuatro funcionarios tenían acceso a la información.
Sánchez Conde justifica la publicación de la nota informativa como respuesta a "la falsedad de algunas publicaciones periodísticas" y a "manifestaciones realizadas desde el entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".
"Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (...). Es imperativo sacarla"
Estas comunicaciones internas, reveladas por EL MUNDO, demuestran la instrucción directa del fiscal general para publicar la nota.
La Sala que estudiará la admisión de las acciones estará compuesta por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela, siendo Polo la ponente del auto sobre la admisión o inadmisión.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la ética en el sistema judicial español, poniendo de relieve la importancia del equilibrio entre el derecho a la información y la protección de datos personales en investigaciones en curso.
