Escándalo en la Faffe: Correos revelan amaños en contratos públicos
Nuevos correos electrónicos destapan irregularidades en la contratación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. El ex consejero Antonio Fernández, implicado en la trama de corrupción.
Un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción que rodea a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha salido a la luz. Correos electrónicos recientemente descubiertos revelan presuntos amaños en la contratación de personal y organizaciones afines, incluyendo a la asociación Mujeres Progresistas.
La Faffe, creada en 2003 durante el mandato de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía, ha sido objeto de múltiples investigaciones por corrupción desde su disolución en 2011. Este organismo, que llegó a contar con más de 1,700 empleados y un presupuesto anual superior a 150 millones de euros, fue establecido para gestionar políticas de empleo y formación en la región.
Entre los implicados en esta nueva trama se encuentra Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010. Fernández, previamente condenado y luego parcialmente exonerado por el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE, ahora se ve envuelto en las irregularidades de la Faffe.
Los correos electrónicos obtenidos por EL MUNDO muestran conversaciones comprometedoras sobre la imposibilidad de legalizar ciertas contrataciones. Un mensaje particularmente revelador afirma: "Esto no hay manera de legalizarlo", evidenciando la conciencia de las irregularidades cometidas.
La investigación del caso Faffe, iniciada en 2009, ha destapado un posible fraude que podría superar los 50 millones de euros. Se han detectado gastos injustificados, incluyendo el uso de tarjetas de la fundación en clubes de alterne, así como irregularidades en la adjudicación de subvenciones.
Este escándalo se suma al caso de los ERE, que estalló en 2011 y es considerado el mayor caso de corrupción en la historia de Andalucía. Ambos casos han tenido un impacto significativo en la política regional, llevando a la imputación de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
La Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo exhaustivas investigaciones, incluyendo registros en sedes de la fundación y domicilios particulares. Además, el caso ha sido objeto de varias comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía, reflejando la gravedad y el alcance de las acusaciones.
La disolución de la Faffe en 2011 formó parte de un plan de reestructuración del sector público andaluz, pero las consecuencias de su gestión continúan resonando en la actualidad. Este caso subraya la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de los fondos públicos, especialmente en organismos creados para fomentar el empleo y la formación.
