Diputado de Vox dimite tras error en votación que beneficia a presos de ETA
Un representante de Vox ofrece su dimisión tras votar a favor de una enmienda que beneficia a presos de ETA. El error, compartido con el PP, revela fallos en el proceso legislativo.
En un giro inesperado de los acontecimientos, el diputado Emilio del Valle, representante de Vox en una importante ponencia legislativa, ha anunciado que pone su cargo a disposición del partido. Esta decisión surge tras la aprobación de una enmienda que podría resultar en la reducción de penas para presos de ETA, la organización terrorista vasca que operó desde 1959 hasta su disolución en 2018.
"Como representante de Vox en la ponencia de la conocida como ley ECRIS, que ha derivado en un posible beneficio penitenciario para sanguinarios etarras, asumo el error cometido por el Grupo Parlamentario y pongo a su disposición mi cargo"
La controversia se centra en la votación a favor de una enmienda presentada por Sumar, una coalición política de izquierdas fundada en 2023. Esta enmienda introduce una reforma que podría beneficiar a 44 miembros de ETA actualmente encarcelados. Sorprendentemente, tanto Vox, un partido de extrema derecha fundado en 2013, como el Partido Popular (PP), establecido en 1989, apoyaron esta medida.
El acta de la ponencia, firmada por todos los miembros, indica que los participantes "estudiaron con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas". Esta fórmula común lleva implícito un compromiso con su cumplimiento efectivo. Sin embargo, parece que los representantes de Vox y PP no advirtieron el alcance de su decisión.
Los ponentes de Vox, Emilio Jesús del Valle y Pedro Fernández, aparentemente no percibieron las implicaciones de la votación sobre el proyecto de ley que modifica la norma orgánica de intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea. Este sistema, conocido como ECRIS, ha estado en funcionamiento desde 2012 para facilitar la cooperación judicial entre países de la UE.
Igualmente, los tres diputados del PP presentes en la reunión del 31 de julio de 2024 tampoco parecieron comprender la trascendencia de lo que firmaban. Entre ellos se encontraban José Manuel Velasco, profesor de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, Rafael Benigno Belmonte, abogado, y María Jesús Moro, doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Salamanca, la institución académica más antigua de España, fundada en 1218.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la política antiterrorista y penitenciaria en España, un tema controvertido desde la transición democrática. El sistema penitenciario español, basado en el principio constitucional de reinserción social, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales debido a sus condiciones.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad del proceso legislativo y la importancia de un escrutinio minucioso de las enmiendas propuestas. También subraya la necesidad de una mayor atención por parte de los representantes políticos en cuestiones que pueden tener un impacto significativo en la sociedad española.
