La inmigración irregular se ha convertido en el arma-política principal de Vox contra el PP. Desde Santiago Abascal hasta los concejales locales mantienen una postura anti-migratoria que (según dicen) es por seguridad nacional; esto genera un gran distanciamiento con los populares
El gobierno planea una reunión mañana con representantes de Canarias y Génova para discutir cambios en la ley de extranjería y el reparto de menores migrantes. Aunque Vox no participa directamente sus líderes regionales y municipales han empezado a presionar al PP: si aceptan el reparto de niños migrantes todo se complicará
Las amenazas se materializan en diferentes regiones; el portavoz José Antonio Fúster advirtió que será difícil aprobar presupuestos si el PP negocia sobre inmigración. En Baleares el partido ya votó contra las cuentas del gobierno de Marga Prohens
La situación en las autonomías donde el PP necesita apoyo es variada:
- Extremadura: negociaciones favorables
- Valencia: próximas conversaciones
- Castilla y León: situación complicada
- Aragón y Murcia: pendientes de acuerdos
Para coordinar su estrategia municipal Vox ha creado un comité de expertos en seguridad con 13 concejales de toda España (todos con poder en gobiernos compartidos con el PP) El ejemplo más claro es Burgos donde ya rompieron el pacto por desacuerdos sobre ayudas a migrantes