El Tribunal Constitucional ha dado luz-verde para examinar la ley educativa valenciana que Carlos Mazón impulsa (una medida que podría afectar a mas de 800 mil familias de la región)
La portavoz Àgueda Mico destaca que el recurso presentado el 23-sep-24 con apoyo de 50 diputados demuestra la importancia de tener representación multi-institucional; esto permite acciones mas efectivas contra normas cuestionables
El diputado Gerard Fullana señala problemas serios en la implementación: los colegios públicos tendrán que hacer referendums anuales sobre el idioma de enseñanza mientras que los centros concertados mantendrán su autonomía. La situación crea un sistema educativo dual donde las escuelas públicas enfrentan cambios constantes
La normativa presenta varios puntos controvertidos:
- Permite profesores sin capacitación en valenciano
- No garantiza elección de modelo educativo
- Afecta coordinación entre niveles escolares
- Limita aprendizaje bilingüe en zonas castellanoparlantes
El Tribunal Superior ya había rechazado medidas similares anteriormente; la nueva ley podría contradecir siete sentencias previas sobre derechos lingüísticos
Esta ley se tiene que paralizar y no puede cambiar el sistema educativo cuando hay un tribunal tan importante que va a juzgar las posibles ilegalidades