El sistema sanitario español se enfrenta a un gran-desafío: la posible integración de 1‚5 millones de funcionarios al sistema público. Las aseguradoras privadas (Adeslas Asisa y DKV) decidieron no renovar sus contratos con Muface a principios de noviembre‚ lo que genera una situación sin precedentes
Sabiendo que es un modelo anacrónico‚ si creáramos el SNS desde cero obviamente prescindiríamos de esta fórmula
El impacto económico-administrativo seria considerable: se necesitarían cerca de mil millones de euros y casi 4000 camas adicionales. La distribución actual muestra que el 67‚3% de mutualistas usan servicios privados mientras que el 32‚7% utiliza la sanidad publica
Las comunidades autónomas se verán afectadas de manera diferente; algunas regiones tendrán que adaptarse más que otras:
- Baleares Cataluña Euskadi y Navarra: impacto bajo (menos del 1‚2%)
- Madrid Aragón y otras regiones centrales: impacto medio (1‚9-2‚4%)
- Andalucía Castilla y León y Extremadura: impacto alto (más del 2‚5%)
La población afectada presenta características especificas: el 31‚9% son mayores de 65 años; el 42‚4% tienen entre 35-64 años; y el resto son menores de 35. Esto significa un reto importante para la capacidad del sistema publico (especialmente en algunas regiones que ya tienen sus recursos limitados)
El ministerio de Sanidad tiene dos opciones: mejorar la oferta para las aseguradoras o extender el contrato actual por 9 meses mientras prepara la transición. Las cifras indican que las listas de espera podrían aumentar significativamente: 266% en consultas externas y 115% en cirugías