El gobierno español ha dado un paso significativo en su búsqueda de apoyo para el Plan de Regeneración Democrática, acordando con EH Bildu la reforma de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "Ley Mordaza". Esta ley, aprobada en 2015 durante el gobierno del Partido Popular, ha sido objeto de críticas desde su implementación.
La decisión de revisar esta ley surge como resultado de las negociaciones entre el gobierno y sus socios parlamentarios, en un esfuerzo por fortalecer el bloque de aliados necesario para la investidura. EH Bildu, junto con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), han sido los grupos más vocales en la demanda de cambios sustanciales a esta legislación.
El anuncio del acuerdo fue realizado por EH Bildu, un partido político vasco de izquierda independentista, que ha jugado un papel crucial en estas negociaciones. Este movimiento se enmarca dentro del Plan de Acción Democrática del Gobierno, que ya contemplaba la posibilidad de revisar la Ley de Seguridad Ciudadana.
El Partido Popular, principal partido de la oposición, ha expresado su preocupación incluso antes de conocer los detalles específicos del acuerdo. Temen que esta decisión forme parte de una estrategia más amplia de concesiones a Bildu a cambio de su apoyo en el Congreso, un fenómeno que han denominado "presos por Presupuestos".
Es importante destacar que este no es el primer intento de reformar la "Ley Mordaza". En la legislatura anterior, hubo un esfuerzo similar que no prosperó debido a que ERC y EH Bildu consideraron insuficientes los cambios propuestos. Este nuevo acuerdo parece indicar un compromiso más profundo con la reforma.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana requiere una mayoría absoluta en el Congreso, lo que subraya la importancia de estos acuerdos para el gobierno. El sistema político español, una monarquía parlamentaria con un sistema multipartidista, a menudo necesita de coaliciones y acuerdos entre varios partidos para la formación de gobierno y la aprobación de legislación significativa.
"Tememos que esto sea un nuevo paso en la estrategia de 'presos por Presupuestos', es decir, un plan de concesiones a Bildu en todos los frentes a cambio de garantizarse su apoyo en el Congreso."
Este desarrollo ocurre en un contexto político complejo, donde los partidos nacionalistas e independentistas tienen una presencia significativa en el parlamento español. La Constitución Española de 1978, como norma suprema del ordenamiento jurídico, establece el marco dentro del cual estas negociaciones y reformas deben llevarse a cabo.
El debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido controvertido desde su aprobación, reflejando las tensiones entre la seguridad pública y las libertades civiles. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), aunque no directamente involucrada en este asunto, juega un papel importante en la regulación de diversos sectores en España, lo que subraya la complejidad del sistema regulatorio del país.
En conclusión, este acuerdo para reformar la "Ley Mordaza" representa un movimiento estratégico del gobierno español en su búsqueda de apoyo parlamentario, al tiempo que aborda una de las demandas más persistentes de sus aliados políticos. El resultado de esta reforma y sus implicaciones para la política española serán seguidos de cerca por todos los actores políticos y la sociedad en general.