El sistema judicial español ha tomado una decisión significativa en el ámbito académico. El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha determinado que Vicente F. Gómez Encinas, decano del Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad Física del Deporte y del Ocio de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), deberá enfrentar un juicio por presunta prevaricación administrativa.
La UPM, fundada en 1971, es la universidad pública más grande de Madrid especializada en enseñanzas técnicas. Este caso pone de relieve las complejidades del sistema universitario español, que se rige por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001.
La querella, interpuesta por tres profesores, alega que Gómez Encinas ha obstaculizado sistemáticamente su promoción profesional desde su llegada al decanato en 2017. Los denunciantes afirman que el decano no incluyó sus solicitudes para transformar sus plazas de profesores ayudantes a contratados en el orden del día de cuatro sesiones de la Junta de Facultad.
Es importante destacar que en el sistema español, la figura de profesor ayudante es temporal y está orientada a completar la formación docente e investigadora, mientras que el profesor contratado doctor es una posición permanente que requiere acreditación previa.
Los profesores, representados por la abogada Eva Gimbernat, argumentan que estas acciones les han causado perjuicios económicos, morales y profesionales. El Consejo Directivo del Departamento incluso instó sin éxito al decano a incluir las propuestas de plazas de los denunciantes.
Las propuestas en cuestión fueron aprobadas en los Consejos de Departamentos el 18 de noviembre y el 18 de diciembre de 2020. Según los denunciantes, la negativa del decano a incluirlas en el orden del día de las sesiones de la Junta de Facultad constituye una "resolución objetivamente injusta, en abierta contradicción con la ley, arbitraria y de manifiesta irracionalidad".
La prevaricación administrativa, tipificada en el Código Penal español, se castiga con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En este caso, los denunciantes solicitan una condena de 15 años de inhabilitación para Gómez Encinas.
El juzgado ha determinado que la Audiencia Provincial de Madrid, creada en 1882, será competente para juzgar al decano. Además, ha dado traslado a la Fiscalía para que formule su escrito de acusación, cumpliendo así con el papel del Ministerio Fiscal como promotor de la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
Como medidas adicionales, el juzgado ha otorgado al decano un plazo de un día para prestar una fianza de 12.000 euros y ha declarado a la universidad como responsable civil. La fianza es una garantía común en procesos judiciales para asegurar responsabilidades, mientras que la responsabilidad civil en casos penales implica la posible reparación económica del daño causado.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la carrera académica en España, que suele comenzar con contratos temporales como profesor ayudante y avanza hacia posiciones más estables. La acreditación del profesorado universitario, realizada por la ANECA, juega un papel crucial en este proceso.
La autonomía de las universidades públicas españolas, reconocida constitucionalmente, se ve desafiada por situaciones como esta. El resultado de este juicio podría tener implicaciones significativas para la gobernanza universitaria y los derechos de los profesores en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, que ha influido notablemente en la estructura de las universidades españolas en las últimas décadas.