La prisión de Zaballa, ubicada en Álava, se encuentra en el centro de una creciente preocupación por la seguridad tras dos graves incidentes ocurridos en un lapso de siete días. Estos eventos han puesto de manifiesto las deficiencias en las medidas de prevención y la necesidad urgente de abordar los riesgos que enfrentan los funcionarios penitenciarios.
El incidente más reciente tuvo lugar el 3 de octubre de 2024, cuando un recluso con un historial conflictivo en otras instituciones penitenciarias agredió a dos funcionarios. Uno de los trabajadores fue sometido a un "mataleón", una peligrosa técnica de estrangulamiento, que lo dejó al borde de la asfixia. La situación solo pudo ser controlada cuando otro funcionario logró neutralizar al agresor.
Este ataque ocurrió apenas una semana después de otro incidente violento. El 27 de septiembre, un interno del módulo de enfermería, que estaba siendo tratado por una crisis de ansiedad, arremetió contra tres trabajadores, dejando a dos de ellos de baja por las lesiones sufridas.
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) han alzado la voz ante estos acontecimientos. Exigen la implementación inmediata de medidas preventivas y el reconocimiento del trabajo en prisiones como "trabajo de riesgo", lo cual implicaría beneficios laborales y económicos para los funcionarios.
"Es un incidente gravísimo"
La falta de información sobre los antecedentes violentos de los reclusos es una preocupación particular. Los funcionarios aseguran que desconocían datos cruciales que habrían permitido ajustar las medidas de vigilancia. Esta situación refleja una grave carencia en la prevención de conflictos dentro de la institución.
La APFP ha denunciado la "dejadez institucional" que sufren los trabajadores de las prisiones vascas. Señalan la falta de reconocimiento como agentes de la autoridad, la escasez de medios materiales como pistolas taser, y la insuficiencia de personal para garantizar un trabajo seguro en este entorno hostil.
Es importante destacar que Zaballa, inaugurada en 2011, tiene capacidad para más de 700 reclusos. Sin embargo, la ratio de funcionarios por recluso en España es inferior a la media europea, lo que agrava los problemas de seguridad. Además, el síndrome de burnout es común entre los trabajadores penitenciarios debido al alto estrés laboral.
La implementación de programas de mediación y resolución pacífica de conflictos podría ser una solución parcial. Asimismo, la mejora en la tecnología de vigilancia y sistemas de alarma podría contribuir significativamente a la seguridad. Sin embargo, estas medidas requieren una inversión sustancial y un cambio en las políticas penitenciarias.
La situación en Zaballa es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario español en su conjunto. La salud mental de los reclusos, el hacinamiento en las prisiones y la necesidad de programas efectivos de reinserción social son problemas que requieren atención urgente para mejorar la seguridad tanto de los funcionarios como de los internos.
En conclusión, los recientes incidentes en Zaballa han puesto de manifiesto la urgente necesidad de reformas en el sistema penitenciario. La seguridad de los funcionarios y la efectividad de la rehabilitación de los reclusos dependen de la implementación de medidas preventivas adecuadas y del reconocimiento del trabajo penitenciario como una labor de alto riesgo.