TSJC anula acuerdo canario sobre menores migrantes por vulnerabilidad
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende provisionalmente el acuerdo que limitaba la acogida de menores inmigrantes. La decisión busca proteger a este colectivo vulnerable en medio de tensiones entre administraciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tomado una decisión trascendental al anular de manera provisional el acuerdo del Gobierno canario del 2 de septiembre de 2024, que limitaba la acogida de menores inmigrantes. Esta medida, adoptada con carácter urgente, refleja la complejidad de la situación migratoria en las Islas Canarias, un archipiélago español ubicado estratégicamente frente a la costa noroeste de África.
La decisión del TSJC se fundamenta en la necesidad de proteger a un colectivo especialmente vulnerable: los menores extranjeros no acompañados. El tribunal argumenta que el acuerdo del Gobierno presidido por Fernando Clavijo podría comprometer los intereses de estos jóvenes, cuya protección está amparada por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
El contexto de esta decisión judicial se enmarca en una crisis migratoria que ha puesto a prueba los recursos de las Islas Canarias. La saturación de los centros de acogida y las deficiencias en la documentación proporcionada por la Policía sobre los menores fueron las razones esgrimidas por el Gobierno canario para implementar el controvertido acuerdo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha expresado su preocupación por las implicaciones del acuerdo anulado:
"Del texto del acuerdo se desprende, además, que la pretensión de la comunidad autónoma es que los menores queden bajo la guarda y custodia de la autoridades estatales encargadas de su recogida en el mar y posterior identificación, suspendiendo la recepción de nuevos menores migrantes a cargo de los recursos autonómicos"
Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor colaboración entre las administraciones. El TSJC ha recomendado "la búsqueda de espacios de encuentro" entre el Ejecutivo canario y el Gobierno de España para lograr actuaciones coordinadas en un clima de lealtad institucional.
La gestión de la inmigración irregular en las Islas Canarias ha sido históricamente compleja, con crisis significativas en 2006 y 2020. La ruta migratoria hacia el archipiélago es considerada una de las más peligrosas del mundo, lo que aumenta la responsabilidad de las autoridades en la protección de quienes logran llegar.
El sistema descentralizado de acogida de menores en España, donde las comunidades autónomas tienen la competencia principal, ha generado debates sobre la distribución de responsabilidades. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que interpuso el recurso que llevó a esta decisión judicial, ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos de los menores inmigrantes.
El Consejo de Ministros, por su parte, ha decidido impugnar el acuerdo del Gobierno canario ante el Tribunal Constitucional, alegando que atribuye al Estado competencias que son autonómicas y vulnera los derechos de los niños y adolescentes afectados.
Esta situación subraya la importancia de la colaboración entre el gobierno central, las comunidades autónomas y las ONG para gestionar eficazmente la inmigración irregular. Además, pone de relieve el papel de la Unión Europea en la implementación de medidas y fondos para ayudar a España en esta tarea.
El TSJC ha enfatizado la necesidad de dar prioridad a un principio de elemental cautela, reconociendo el "singularísimo impacto" que tiene el fenómeno de la inmigración irregular en las Islas Canarias. La resolución definitiva de este conflicto tendrá implicaciones significativas para la protección de los menores migrantes y la gestión de la inmigración en España.
