Tribunal de EE.UU. avala millonaria compensación contra España por renovables
Un tribunal federal estadounidense autoriza la ejecución de un laudo arbitral de 23,51 millones de euros contra España por cambios en el sector energético. La decisión abre la puerta a posibles embargos de activos españoles.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha dado luz verde a la ejecución de un laudo arbitral contra el gobierno español, favoreciendo a una empresa afectada por modificaciones en las políticas de energías renovables. La decisión, que implica una compensación de 23,51 millones de euros, marca un hito significativo en el panorama energético y legal internacional.
El caso involucra a JGC Corporation, una empresa japonesa de ingeniería fundada en 1928, que invirtió en dos plantas termosolares en Andalucía. Es importante destacar que Andalucía lidera en España en capacidad de energía termosolar instalada, una tecnología que permite la producción de electricidad incluso sin luz solar directa.
El conflicto se originó debido a cambios regulatorios en el sector energético español, que según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecido en 1966, violaron las condiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía. Este tratado, firmado en 1994 y en vigor desde 1998, busca proporcionar un marco para la cooperación energética internacional.
El juez Rudolph Contreras, nominado por el presidente Barack Obama en 2011, rechazó los argumentos de España, que alegaba falta de jurisdicción e incompatibilidad con la legislación de la Unión Europea. Esta decisión se alinea con un fallo anterior de la Corte de Distrito de EE.UU. del verano de 2024, reforzando la posición de los inversores internacionales.
La sentencia abre la posibilidad de que JGC Corporation inicie procedimientos para recuperar la compensación mediante el embargo de activos comerciales españoles en territorio estadounidense. Este escenario no es nuevo para España, que ya enfrenta situaciones similares en Bélgica y Reino Unido, donde se han identificado bienes embargables por valor de más de 5.000 millones de euros.
Es relevante mencionar que España es el segundo país del mundo con más laudos arbitrales en su contra en el sector energético. Actualmente, existen otros 25 laudos pendientes de pago, con obligaciones que ascienden a 1.562 millones de euros en indemnizaciones, más 321 millones en intereses y costas.
La crisis financiera de 2008 llevó a muchos países, incluido España, a recortar subsidios a las energías renovables. Sin embargo, estas decisiones han tenido consecuencias legales internacionales. La ejecución de laudos arbitrales internacionales está regulada por la Convención de Nueva York de 1958, lo que explica la capacidad de los inversores para buscar compensación en diferentes jurisdicciones.
Es importante destacar que, a pesar de estos desafíos legales, España ha logrado avances significativos en energías renovables. En 2020, el 42,2% de la producción eléctrica del país provino de fuentes renovables, alineándose con el objetivo de la Unión Europea de alcanzar la neutralidad climática para 2050.
"Esta decisión refuerza la capacidad de los inversores afectados para hacer valer sus derechos en suelo estadounidense y abre la puerta a nuevos procedimientos de embargo similares a los que ya afectan a España en Bélgica y Reino Unido."
En un giro reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales levantó el embargo sobre el derecho de usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, impuesto previamente a raíz de reclamaciones de NextEra Energy, una de las mayores compañías de energía renovable del mundo.
Este caso subraya la complejidad de las disputas internacionales en el sector energético y la importancia creciente del arbitraje internacional como método de resolución de conflictos desde la década de 1950. Mientras tanto, los inversores afectados continúan instando al gobierno español a buscar una solución negociada que ponga fin a esta situación y reactive la inversión en energías verdes en el país.
