Tribunal de Barcelona archiva caso de lesión ocular en protesta

La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo definitivo de la causa penal contra varios agentes de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de Cataluña fundada en 1719, en relación con el caso de una joven que perdió un ojo durante las protestas por el rapero Pablo Hasel en febrero de 2021. Esta decisión marca un punto final en un caso que ha generado considerable debate sobre el uso de la fuerza policial en manifestaciones, un tema de discusión internacional.

El tribunal ha rechazado el recurso presentado por la víctima y la asociación de derechos humanos Iridia, fundada en Barcelona en 2015. La resolución sostiene que la actuación de los agentes que dispararon proyectiles de foam, considerados menos letales que las balas de goma, se ajustó a los protocolos policiales establecidos. Es importante destacar que estos protocolos varían según la región y el país, reflejando diferentes enfoques en el manejo de situaciones de orden público.

La Audiencia ha señalado que no se encontraron indicios de que los agentes actuaran con la intención de causar lesiones. Por el contrario, el auto judicial menciona evidencias videográficas que muestran a la joven participando en actos violentos, incluyendo el lanzamiento de objetos hacia la policía, una acción considerada delito en numerosas jurisdicciones.

"Lamentablemente, se produjo un desgraciado accidente, pero la responsabilidad en su producción, en modo alguno, es achacable a la actuación policial"

El tribunal sugiere que el impacto pudo haber sido accidental, ocurriendo mientras la manifestante se agachaba para recoger objetos. Este tipo de lesiones oculares, consideradas graves y con potenciales consecuencias permanentes, han sido reportadas en otras protestas alrededor del mundo, subrayando los riesgos asociados con el uso de proyectiles en el control de multitudes.

La decisión judicial también aborda la justificación del uso de proyectiles de foam por parte de la policía. Se indica que esta medida fue autorizada de manera selectiva debido a la "gravedad" de los ataques que estaban sufriendo los agentes. Este aspecto resalta el desafío constante que enfrentan las democracias para equilibrar la seguridad pública con los derechos civiles, incluido el derecho constitucional a la protesta pacífica.

Es importante señalar que, aunque este caso se cierra por la vía penal, no se excluyen posibles demandas civiles. La investigación de incidentes policiales, que suele involucrar el análisis de múltiples fuentes de video, sigue siendo un proceso complejo en la jurisprudencia moderna.

Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de la formación policial en el control de multitudes y ha reavivado el debate sobre la implementación de medidas de transparencia, como las cámaras corporales de policía. Además, subraya cómo la cobertura mediática de protestas y la respuesta policial pueden influir significativamente en la percepción pública de estos eventos.

En conclusión, este fallo judicial cierra un capítulo controvertido en la historia reciente de Barcelona, pero deja abiertas importantes cuestiones sobre el manejo de protestas y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. El caso seguirá siendo un punto de referencia en discusiones futuras sobre seguridad pública y derechos civiles en España y más allá.