Tribunal Constitucional suspende protocolo migratorio canario

El Tribunal Constitucional de España ha tomado una decisión unánime de suspender varios apartados del protocolo de atención a menores migrantes aprobado por el Gobierno de Canarias. Esta medida se produce tras la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno central, que argumenta posibles vulneraciones de derechos fundamentales y competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados.

La suspensión, que entró en vigor el 26 de septiembre de 2024, afecta a la aplicación de los apartados impugnados del protocolo. Es importante destacar que el Tribunal Constitucional, creado en 1978 por la Constitución Española, tiene la facultad de tomar decisiones vinculantes para todos los poderes públicos.

Esta situación se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la crisis migratoria en Canarias, que se ha intensificado notablemente desde 2020. La llegada de inmigrantes en pateras y cayucos, embarcaciones tradicionalmente utilizadas para cruzar el Estrecho de Gibraltar y el Atlántico, ha planteado desafíos significativos para las autoridades españolas.

El protocolo en cuestión buscaba establecer procedimientos estandarizados para la acogida de menores no acompañados, un grupo especialmente vulnerable en los procesos migratorios. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez considera que dicho acuerdo podría infringir tanto derechos fundamentales como competencias autonómicas.

Es relevante mencionar que la protección de menores es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, mientras que la política de inmigración es principalmente responsabilidad del Estado español. Esta distribución de competencias, establecida por la Constitución de 1978, ha generado debates sobre la distribución de responsabilidades entre administraciones en el contexto de la crisis migratoria.

La decisión del Tribunal Constitucional se suma a una suspensión previa del mismo protocolo ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esta superposición de medidas judiciales refleja la complejidad del asunto y la necesidad de una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, será notificado oficialmente de esta decisión. Como líder de una comunidad autónoma compuesta por siete islas principales, Clavijo se enfrenta al desafío de gestionar la situación migratoria en un territorio que ha sido foco de atención en materia de inmigración irregular desde principios del siglo XXI.

La suspensión del protocolo por parte del Tribunal Constitucional, cuyo Pleno está compuesto por 12 magistrados, representa un ejemplo del mecanismo de control constitucional sobre las normas autonómicas. Este proceso, amparado por el artículo 161.2 de la Constitución Española, permite al Gobierno central impugnar disposiciones de las Comunidades Autónomas que considere inconstitucionales.

En conclusión, esta situación pone de manifiesto los complejos desafíos que enfrenta España en la gestión de la inmigración irregular, especialmente en lo que respecta a la protección de menores no acompañados. La búsqueda de un equilibrio entre las competencias estatales y autonómicas, así como la garantía de los derechos fundamentales, continúa siendo un tema de crucial importancia en el debate político y jurídico del país.