Sánchez niega acuerdos sobre etarras ante acusaciones de Feijóo
El presidente del Gobierno rechaza rebajas de condenas a etarras, mientras la oposición lo acusa de pactar con Bildu. Un diputado revela el malestar interno en el partido por la polémica.
En un tenso debate en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha negado categóricamente que se vayan a rebajar condenas a miembros de ETA, la organización terrorista que operó en España desde 1959 hasta 2018. Esta declaración surge como respuesta a las acusaciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado que el gobierno busca una "victoria miserable" mediante acuerdos con Bildu, la coalición política vasca de izquierda abertzale.
La controversia se ha intensificado con la supuesta reinvención de un auto judicial relacionado con Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en la sala de prensa de La Moncloa, sede oficial del Gobierno español. Este incidente ha generado críticas sobre la transparencia y la comunicación del ejecutivo.
Un diputado de alto rango, cuya identidad se mantiene en el anonimato, ha revelado el profundo malestar interno en su partido:
«El trauma interno es tal cual lo estáis contando... pero multiplicado por dos. Esto, para nosotros, es peor que lo de Casero, porque aquello era muy gordo, pero esto va de las víctimas de ETA. Todos los diputados tenemos el teléfono lleno de mensajes de alcaldes, de afiliados, de gente que nos dice "¿qué hacéis?". Tiene que pasar algo, algo tiene que cambiar en el grupo parlamentario».
Este testimonio refleja la gravedad de la situación, comparándola incluso con el incidente Casero de 2022, cuando un error de votación permitió la aprobación de una importante reforma laboral. La mención a las víctimas de ETA, que suman más de 800 personas asesinadas, subraya la sensibilidad del tema en la sociedad española.
La polémica ha generado una ola de reacciones entre alcaldes, afiliados y ciudadanos, quienes exigen explicaciones y acciones concretas. Este malestar se enmarca en un contexto político complejo, donde la memoria histórica y el trato a las víctimas del terrorismo son temas de gran relevancia.
Es importante recordar que el sistema político español, establecido como una monarquía parlamentaria por la Constitución de 1978, ha enfrentado diversos desafíos relacionados con el terrorismo y la política regional. La reciente Ley de Memoria Democrática de 2022 y el traspaso de competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en 2021 han añadido nuevas dimensiones al debate.
La situación actual evoca momentos históricos como el Pacto del Majestic de 1996 o la implementación de la política de dispersión de presos de ETA en 1989. Estos eventos demuestran la complejidad y sensibilidad de las negociaciones políticas en torno a este tema.
Mientras la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) continúa siendo una voz importante en este debate, la clase política española se enfrenta al desafío de abordar este tema con la delicadeza y responsabilidad que requiere, respetando tanto la memoria de las víctimas como los principios democráticos establecidos en la Constitución.
