Propietarios madrileños protestan contra restricciones en alquileres turísticos

En el corazón de Madrid, la capital española y ciudad más poblada del país, se ha desarrollado una significativa manifestación este 1 de octubre de 2024. Propietarios de viviendas y gestores de alquileres turísticos se han reunido bajo el lema "Somos vecinos, no somos fondos buitre" para expresar su descontento con las recientes restricciones impuestas a los alquileres vacacionales.

La protesta, organizada por la asociación Madrid Aloja y la plataforma Madrid VUT, ha puesto de manifiesto la compleja situación que enfrentan los propietarios de viviendas turísticas en la capital. El turismo, siendo una de las principales industrias de Madrid, se encuentra en el centro de un debate que involucra aspectos económicos, sociales y regulatorios.

Los manifestantes han destacado los numerosos trámites que tuvieron que realizar en el pasado para obtener la Declaración Responsable (DR) que les permitía alquilar sus propiedades por días. Estos incluían la instalación de extintores, la obtención de cédulas de habitabilidad y certificados de idoneidad, entre otros requisitos. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron frustrados cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió invalidar las DR y establecer un nuevo sistema de licencias municipales.

"Tuve que colocar extintores en la casa, solicitar la cédula de habitabilidad, adquirir el Certificado de Idoneidad para Viviendas de Uso Turístico (CIVUT), para lo que tuve que contratar un arquitecto, tuve que inscribirme..."

Esta situación ha generado confusión y malestar entre los propietarios, ya que muchas viviendas que cumplían con los requisitos anteriores no se ajustan a las nuevas condiciones exigidas, como tener una escalera independiente que dé a la calle. La controversia se intensifica debido a que la Comunidad de Madrid, y no el Ayuntamiento, era la entidad que originalmente expedía las DR.

Los manifestantes han enfatizado los beneficios económicos y sociales de los alquileres vacacionales. Argumentan que este tipo de alojamiento no solo atrae a turistas, sino también a personas que viajan por motivos médicos o de trabajo, contribuyendo así a diversos sectores de la economía local. Además, sostienen que fomentan el comercio de proximidad y generan empleos en servicios relacionados.

Sin embargo, las autoridades municipales han implementado sanciones significativas, que pueden oscilar entre 30.000 y 100.000 euros, para quienes incumplan las nuevas normativas. Esta medida ha aumentado la preocupación entre los propietarios, que temen por el futuro de sus inversiones y el nicho de mercado que han desarrollado.

La regulación de viviendas turísticas es un tema controvertido en muchas ciudades globales, y Madrid no es una excepción. El debate abarca cuestiones como el derecho a la vivienda, el desarrollo económico y la sostenibilidad del turismo urbano. Mientras las autoridades buscan equilibrar estos aspectos, los propietarios exigen un marco regulador que les permita continuar con su actividad de manera legal y sostenible.