Policías heridos en Barcelona denuncian terrorismo por disturbios del procés

Dos agentes de policía heridos durante los disturbios en la plaza de Urquinaona de Barcelona han presentado una denuncia por terrorismo ante la Audiencia Nacional. Esta acción legal está relacionada con los eventos organizados por Tsunami Democràtic tras la notificación de la sentencia del procés catalán hace aproximadamente 5 años.

La denuncia busca reactivar la investigación contra Tsunami Democràtic, que fue archivada en julio de 2024 debido a un error en los plazos de prórroga de la instrucción. Este movimiento de protesta catalán, surgido en 2019, ha sido objeto de controversia por su papel en las manifestaciones independentistas.

Los agentes argumentan que los hechos constituyen un caso de kale borroka o terrorismo callejero, un término vasco que se refiere a actos de violencia urbana. Esta clasificación es respaldada por el Tribunal Supremo, que previamente abrió una causa contra Carles Puigdemont por estos mismos eventos.

En su denuncia, los policías detallan las lesiones sufridas durante los graves altercados en la Ciudad Condal, aportando informes médicos y material gráfico que documenta la "escalada de violencia". Estos disturbios, que duraron varios días, fueron una respuesta a la sentencia del procés que condenó a varios líderes independentistas catalanes por sedición y malversación.

Es importante destacar que la Audiencia Nacional, un tribunal con jurisdicción en todo el territorio español, anuló el 8 de julio de 2024 los últimos tres años de investigación del caso Tsunami Democràtic debido a un error en los plazos. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal consideró "extemporánea" la prórroga dictada por el juez el 30 de julio de 2021, un día después de la fecha límite establecida por la reforma de los plazos máximos de instrucción.

Esta situación ha generado un debate sobre la eficacia del sistema judicial en casos complejos como el del procés catalán. La Constitución Española no permite la celebración de referéndums de autodeterminación, lo que ha sido una fuente constante de tensión entre el gobierno central y los movimientos independentistas catalanes.

El caso también pone de relieve el papel de la Generalitat, el sistema institucional que organiza el autogobierno de Cataluña, y su relación con las fuerzas de seguridad, incluyendo los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana.

La denuncia presentada por los agentes busca que se reconozca la gravedad de los hechos, considerando que el delito de terrorismo en España puede conllevar penas de hasta 40 años de prisión. Este enfoque legal refleja la seriedad con la que las autoridades están tratando los eventos relacionados con el movimiento independentista catalán.

"Los actos violentos organizados por Tsunami Democràtic no pueden quedar impunes. Buscamos justicia y el reconocimiento de estos hechos como actos de terrorismo callejero que pusieron en peligro la integridad de los ciudadanos y las fuerzas del orden."

La reactivación de esta investigación podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Cataluña y las relaciones entre la región y el gobierno central español. Mientras tanto, Barcelona, conocida como la Ciudad Condal, continúa siendo el epicentro de estas tensiones políticas y sociales.