Comunidades autónomas desafían la Ley de Vivienda pese a amenazas del Gobierno
Varias regiones españolas rechazan aplicar la Ley de Vivienda, argumentando ineficacia y violación de competencias. La ministra advierte con retener fondos, generando polémica y diversas reacciones autonómicas.
La controversia sobre la aplicación de la Ley de Vivienda en España se ha intensificado, con varias comunidades autónomas desafiando abiertamente la normativa aprobada en 2023. La situación ha escalado después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, advirtiera que las regiones que no cumplan con la ley no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019, ha respondido firmemente a estas declaraciones:
"No podemos limitar el precio de la vivienda porque no funciona y porque es un atentado contra la propiedad. Ni tampoco gobernar con políticas de izquierda trasnochada aunque el Gobierno nos amenace".
Ayuso también cuestionó si se aplicarían las mismas medidas a regiones como el País Vasco o Cataluña, que tienen regímenes fiscales especiales.
La Comunidad Valenciana, gobernada por Carlos Mazón desde 2023, mantiene su posición de no aplicar la ley. Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Vivienda, afirma que el Consell no tolerará la injerencia del Gobierno en las competencias autonómicas. La Generalitat Valenciana propone aumentar la oferta de vivienda, con el objetivo de crear 10.000 unidades durante la legislatura actual a través del Plan Vive.
En Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, califica las palabras de la ministra como "inaceptables" y un "chantaje". Díaz sostiene que Andalucía aplicará las leyes aprobadas, pero no cederá ante medidas que no son de obligatorio cumplimiento, como la declaración de zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler.
La situación es diferente en el País Vasco y Navarra, que cuentan con competencias plenas y recursos propios debido a su soberanía fiscal. En el País Vasco, el socialista Denis Itxaso defiende la Ley de Vivienda estatal, que refuerza las medidas ya contempladas en la ley vasca de 2016. En Navarra, la presidenta María Chivite ha cedido el liderazgo en materia de vivienda a Begoña Alfaro, quien se ha comprometido a declarar zonas tensionadas "en el mayor número de municipios posible".
Es importante destacar que la competencia en materia de vivienda está transferida a las comunidades autónomas en España. Sin embargo, la falta de recursos sigue siendo un problema. María Chivite, presidenta de Navarra desde 2019, tiene previsto solicitar más financiación europea para inversiones en vivienda pública durante su reunión con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno desde 2018, el próximo 11 de octubre de 2024.
La polémica generada por esta situación refleja la complejidad del sistema autonómico español y las tensiones entre el gobierno central y las comunidades autónomas en la implementación de políticas nacionales. La resolución de este conflicto será crucial para abordar eficazmente los desafíos del mercado inmobiliario en España.
