Audiencia de Badajoz respalda investigación sobre hermano de Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha respaldado la investigación sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En un auto fechado el 25 de septiembre de 2024, la institución judicial ha avalado la legalidad de los registros y la incautación de cuentas corporativas de 15 altos cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una unidad de élite especializada en investigaciones complejas, ha realizado tres registros en la Diputación: dos en junio y el más reciente el 26 de septiembre de 2024. Estos registros forman parte de una investigación que busca esclarecer si el pliego de condiciones para el puesto de David Sánchez fue presuntamente acordado cuando este residía en San Petersburgo, Rusia.

La defensa de los investigados argumenta que se ha violado el derecho al secreto de las comunicaciones, un derecho fundamental recogido en el artículo 18.3 de la Constitución Española. Sin embargo, la Audiencia considera que existe "motivación más que suficiente" para justificar las acciones de la jueza, subrayando que no hay otra forma de obtener la información relevante.

La investigación se centra en miles de correos electrónicos que abarcan desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022. Este período incluye el proceso de concurso para la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios, al que se presentaron 11 aspirantes, siendo David Sánchez el único no relacionado con Extremadura.

Entre los altos cargos investigados se encuentra Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz. También se han intervenido los correos de José Ramón Suárez Arias, jefe del Servicio de Administración de Recursos Humanos y ex concejal del PSOE.

La Audiencia ha destacado que el auto que ordenaba el registro "contiene la necesaria motivación que requiere la injerencia en los derechos fundamentales". Además, el Ministerio Fiscal ha respaldado la legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

Es importante señalar que la investigación también abarca a otros diputados, como Antonio Garrote Ledesma, ex alcalde de Monesterio y actual diputado regional. Garrote solicitó que la causa se trasladara a la Audiencia Provincial debido a su condición de aforado desde el 21 de marzo de 2024, aunque la jueza consideró que aún no era el momento para ello.

Esta investigación pone de manifiesto la complejidad de los casos de presunta corrupción en la administración pública y la importancia de mantener un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y el respeto a los derechos fundamentales de los investigados.

"Existe motivación más que suficiente para justificar las decisiones tomadas por la jueza para tratar de recabar información relevante directamente relacionada con la comisión de los delitos investigados"

La resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz marca un hito importante en este caso, que ha generado gran interés público debido a la conexión familiar con el Presidente del Gobierno. A medida que avanza la investigación, se espera que se arroje más luz sobre los procesos de contratación en la Diputación de Badajoz y las posibles irregularidades en el nombramiento de David Sánchez Pérez-Castejón.