Alvise Pérez admite pagos en efectivo y acusa a su exsocio de traición

El eurodiputado español Alvise Pérez ha admitido haber recibido 100.000 euros en efectivo sin factura, en medio de una investigación por posible financiación ilegal. Este reconocimiento llega después de que su exsocio, Álvaro Romillo, lo denunciara ante la Fiscalía.

Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), justificó sus acciones con un discurso antisistema, calificando a Hacienda de "mafia" y a la Justicia de "espejismo". El eurodiputado declaró: "No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez: soy culpable". Esta afirmación refleja un cambio en su postura habitual de lucha contra la corrupción.

El político argumentó que aceptó el pago en efectivo para "tener más ahorros" y no enriquecerse por su actividad política. Incluso instó a sus seguidores a evitar el pago de impuestos siempre que sea posible, una declaración que podría tener implicaciones legales.

La transacción en cuestión ocurrió el 27 de mayo de 2024, cuando Pérez recibió 100.000 euros en metálico de Romillo, responsable de Madeira Invest Club, una entidad descrita como un "chiringuito financiero". Los fondos supuestamente estaban destinados a cubrir gastos de la campaña electoral de SALF.

Pérez ha acusado a Romillo de traición, sugiriendo que este último ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel a cambio de delatarle. "Al criminal que ha estafado a miles de personas, el Gobierno le ha permitido huir a Dubai a cambio de decir que me regaló 100.000 euros", afirmó el eurodiputado.

El caso ha llamado la atención sobre la financiación de campañas electorales en España, un tema estrictamente regulado. La Fiscalía del Tribunal Supremo, ante la cual Pérez está aforado por su condición de eurodiputado, ha iniciado una investigación por posible financiación ilegal.

Este escándalo se produce en un contexto donde la corrupción política sigue siendo una preocupación importante en España. El uso de grandes cantidades de efectivo, cada vez más restringido en la Unión Europea para prevenir el blanqueo de capitales, ha levantado sospechas adicionales.

La situación también destaca el papel de las redes sociales en la comunicación política directa. Pérez utilizó estas plataformas para difundir su versión de los hechos, una práctica común entre los políticos modernos.

El caso de Alvise Pérez plantea interrogantes sobre la ética en la política y la financiación de partidos. Mientras la investigación continúa, queda por ver cómo afectará este incidente a la carrera política del eurodiputado y a la percepción pública de la corrupción en España.

"Me llamarán corrupto por una factura sin IVA, pero ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral, para llegar donde está?"

Esta declaración de Pérez refleja un cambio significativo en su retórica, pasando de una postura anticorrupción a una justificación de acciones éticamente cuestionables. El desarrollo de este caso podría tener implicaciones importantes para el panorama político español y la lucha contra la corrupción en el país.