Agente trans de la Ertzaintza denuncia discriminación tras cambio de sexo
Una ertzaina trans enfrenta dificultades laborales tras solicitar cambio de sexo registral. La situación destaca la necesidad de protocolos claros para la inclusión en cuerpos policiales.
La Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco creada en 1982, enfrenta un desafío en materia de inclusión y derechos laborales. Una agente trans, que solicitó el cambio de sexo registral hace 10 meses, denuncia una situación laboral insostenible y trato vejatorio por parte de la institución.
La afectada, cuya identidad se mantiene en reserva, solicitó la ratificación registral de sexo de hombre a mujer el 5 de diciembre de 2023. Seis días después, su taquilla fue trasladada al vestuario femenino, lo que generó malestar entre algunas compañeras. Este incidente revela la falta de protocolos claros para manejar situaciones de diversidad de género en la fuerza policial.
La Ertzaintza, que cuenta con aproximadamente 8,000 agentes activos y tiene competencias en seguridad ciudadana, tráfico y orden público, se enfrenta ahora a un caso que pone a prueba su código ético y su compromiso con el respeto a la diversidad.
"Estoy viviendo una situación insostenible. La Ertzaintza no cumple las leyes conmigo y sufro un trato vejatorio. Me han hecho la vida imposible".
Este caso destaca la importancia de la Ley Trans española, que entró en vigor en febrero de 2023 y permite el cambio de sexo registral sin requisitos médicos. El proceso puede completarse en aproximadamente 4 meses, pero las implicaciones en el ámbito laboral, especialmente en cuerpos de seguridad, aún presentan desafíos.
Es relevante mencionar que el País Vasco cuenta con su propia ley de no discriminación por motivos de identidad de género desde 2012. Sin embargo, la implementación práctica de estas normativas en entornos laborales específicos como la policía sigue siendo compleja.
La comisaría de Irún, donde trabaja la agente, es una de las más importantes de la Ertzaintza debido a su ubicación estratégica en la frontera entre España y Francia. Esta situación podría requerir la intervención del Ararteko, el Defensor del Pueblo del País Vasco, para garantizar los derechos de la agente.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de los derechos de las personas trans en el ámbito laboral, lo que podría sentar un precedente importante para este caso. Además, la formación en diversidad es obligatoria para los cuerpos policiales en muchas comunidades autónomas de España, aunque la efectividad de estas formaciones está ahora en cuestión.
El sindicato ErNE, uno de los principales de la Ertzaintza, podría desempeñar un papel crucial en la resolución de este conflicto y en la promoción de políticas más inclusivas dentro de la institución.
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de desarrollar y aplicar protocolos de actuación policial con personas trans, un proceso que ya está en marcha en varias policías autonómicas de España. La situación de la agente trans de la Ertzaintza no solo refleja un desafío institucional, sino también la importancia de adaptar las prácticas laborales a las realidades de una sociedad diversa y en constante evolución.
