Acuerdo reduce a 5 años pena por agresión sexual grupal a menor en Tarragona
Un hombre acepta 5 años de prisión por participar en una agresión sexual grupal a una menor en Tarragona en 2015. La pena se redujo de 85 años tras un acuerdo de conformidad.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Tarragona, un acusado de participar en una agresión sexual grupal a una menor ha aceptado una pena de 5 años de prisión, una reducción significativa de los 85 años inicialmente solicitados por la Fiscalía. Este acuerdo, alcanzado hace aproximadamente 9 años después del incidente, destaca la complejidad del sistema judicial español y las circunstancias que pueden influir en las sentencias.
El caso se remonta al 15 de agosto de 2015, cuando una niña de 13 años, bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña, se escapó de su centro de acogida. La Generalitat, como sistema institucional de autogobierno de Cataluña, es responsable de la protección de menores en situación de vulnerabilidad. La menor deambuló por Tarragona hasta llegar al barrio de Camp Clar, donde consumió cannabis, una sustancia cuyo uso personal está despenalizado en España, aunque su consumo sigue siendo ilegal.
Los eventos que siguieron revelan una serie de fallos en la protección de menores. La víctima se encontró con un grupo de personas que la llevaron a una vivienda desocupada, donde al menos 15 individuos estaban presentes. Allí, bajo los efectos de sustancias estupefacientes, la menor fue agredida sexualmente por múltiples personas.
El acusado, J. M. M., ha sido condenado como autor de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, con atenuantes por drogadicción, reparación del daño y dilaciones indebidas. Estas circunstancias, reconocidas en el Código Penal español, han influido en la reducción de la pena.
La sentencia incluye 4 años y 11 meses de libertad vigilada, una medida de seguridad introducida en el sistema penal español en 2010. Además, se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante 15 años, medidas comunes en casos de violencia sexual.
Es importante destacar que la edad de consentimiento sexual en España es de 16 años, lo que agrava la naturaleza del delito cometido contra una menor de 13. El caso también subraya la importancia de la Fiscalía de Menores en la protección de los derechos de los menores en el sistema judicial.
La indemnización de 30.000 euros por daños morales refleja la práctica común en casos de delitos sexuales en España. El acusado ya ha depositado la mitad de esta cantidad, demostrando un esfuerzo por reparar el daño causado.
"El acusado presenció estos hechos y realizó tocamientos a la menor y se masturbó llegando a eyacular sobre ella"
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los sistemas de protección de menores y la importancia de abordar los problemas de drogadicción que pueden contribuir a tales delitos. También destaca cómo el principio de conformidad en el proceso penal español puede llevar a acuerdos que reducen significativamente las penas inicialmente solicitadas.
