En un desarrollo significativo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, Kiev ha presentado una denuncia formal ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya, exigiendo el desmantelamiento del puente de Crimea. Esta acción legal, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2024, marca un nuevo capítulo en la disputa sobre la infraestructura construida por Rusia tras la anexión de Crimea en 2014.
La CPA, establecida en 1899, se enfrenta ahora a un caso complejo que involucra cuestiones de derecho marítimo internacional y soberanía territorial. El embajador ucraniano en La Haya, Anton Korynevych, argumentó que el puente de 19 kilómetros, inaugurado en mayo de 2018, representa "un obstáculo ilegal a la navegación" y busca consolidar el control ruso sobre el mar de Azov.
El mar de Azov, conocido por ser el mar interior más poco profundo del mundo con una profundidad máxima de solo 14 metros, ha sido históricamente una vía marítima crucial para Ucrania. La construcción del puente, que costó aproximadamente 3.7 mil millones de dólares, ha tenido un impacto significativo en la navegación y el comercio en la región.
Korynevych señaló que el puente, con su baja altura, impide el paso de varios tipos de embarcaciones utilizadas en el comercio internacional. Esto afecta especialmente a puertos ucranianos como Mariúpol y Berdiansk, centros importantes para la exportación de acero y minerales. Es relevante mencionar que el puerto de Mariúpol maneja más del 30% de las exportaciones de acero de Ucrania.
"Rusia construyó ilegalmente un obstáculo permanente para el tránsito a través de esta ruta marítima vital: un puente extremadamente bajo: más bajo de lo que indicaban los estudios rusos; de lo que demandan los intereses comerciales de la propia Rusia; y más bajo que cualquier otro puente construido o propuesto para ser construido sobre un estrecho internacional hoy en día."
Ucrania también acusa a Rusia de utilizar el puente para transportar armas a Crimea y de intentar apropiarse del mar de Azov y el estrecho de Kerch. Este estrecho, que conecta el mar Negro con el mar de Azov y tiene una longitud de unos 35 kilómetros, es crucial para el acceso a importantes puertos ucranianos.
La respuesta de Rusia ha sido negar las acusaciones y cuestionar la jurisdicción de la CPA en este caso. Moscú argumenta que las aguas del mar de Azov no están protegidas por el derecho marítimo internacional y que las acusaciones de Ucrania son "infundadas" y "frívolas".
Es importante recordar que la anexión de Crimea por Rusia en 2014 no es reconocida internacionalmente. El tratado entre Rusia y Ucrania sobre el uso del mar de Azov, firmado en 2003, ha sido objeto de controversia desde entonces.
El caso se encuentra ahora en proceso, con discursos públicos de cierre programados para principios de octubre de 2024. Sin embargo, como es habitual en los procedimientos de la CPA, cuya sede se encuentra en el Palacio de la Paz en La Haya, la mayoría de las audiencias se celebrarán a puerta cerrada. La sentencia final podría tardar años en llegar, dejando en suspenso el futuro del puente de Crimea y las implicaciones para la navegación en el mar de Azov.