Un tribunal federal de Estados Unidos ha dado luz verde a la ejecución de un laudo arbitral contra el gobierno español, favoreciendo a una empresa afectada por modificaciones en las políticas de energías renovables. La decisión, que implica una compensación de 23,51 millones de euros, marca un hito significativo en el ámbito de las disputas internacionales sobre inversiones energéticas.
El caso involucra a JGC Corporation, una empresa japonesa de ingeniería fundada en 1928, que invirtió en dos plantas termosolares en Andalucía, la región más poblada de España. Esta tecnología, que utiliza espejos para concentrar la luz solar y generar electricidad, fue parte del auge de las energías renovables en España durante la década de 2000, cuando el país se posicionó como líder mundial en energía solar térmica.
El conflicto se originó tras cambios regulatorios en el sector energético español que, según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), violaron las condiciones establecidas en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Este tratado, firmado en 1994 y en vigor desde 1998, busca proporcionar un marco para la cooperación energética internacional.
El juez Rudolph Contreras, nominado por Barack Obama en 2011, rechazó los argumentos de España que cuestionaban la jurisdicción del tribunal arbitral y la compatibilidad del laudo con la legislación de la Unión Europea. Esta decisión se alinea con un fallo previo de la Corte de Distrito de EE.UU. del verano de 2024, que ya había desestimado intentos similares de España para detener este tipo de demandas.
La sentencia abre la posibilidad de que JGC Corporation inicie procedimientos para recuperar la compensación mediante el embargo de activos comerciales españoles en territorio estadounidense. Este escenario se suma a situaciones similares que España enfrenta en Bélgica y Reino Unido, donde ya se han identificado bienes embargables por valor de más de 5.000 millones de euros.
Es importante destacar que este caso no es aislado. Actualmente, España tiene pendientes otros 25 laudos condenatorios, con obligaciones que ascienden a 1.562 millones de euros en indemnizaciones, más 321 millones adicionales por intereses y costas. Esta situación ha llevado a los inversores afectados a solicitar al gobierno español una solución negociada que ponga fin a los incumplimientos y reactive la inversión en energías verdes.
"Los afectados reclaman al Gobierno de España una salida negociada que acabe con los incumplimientos, permita reactivar la inversión verde en España y ponga fin al bochorno internacional provocado por los embargos"
La decisión del tribunal estadounidense refuerza la posición de los inversores y podría tener implicaciones significativas para futuros casos. Además, la Corte Suprema de Australia también ha fallado contra España, aunque aún no se han iniciado procedimientos de embargo en ese país.
Es relevante mencionar que, a pesar de estos desafíos legales, España ha logrado avances significativos en el sector de las energías renovables. En 2020, estas fuentes representaron el 42,8% de la producción eléctrica del país, demostrando un compromiso continuo con la transición energética.
En un giro reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales levantó el embargo que había impuesto en agosto de 2024 sobre el derecho de usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, el quinto más transitado del Reino Unido. Este embargo estaba relacionado con una reclamación de NextEra Energy, una de las mayores compañías de energía renovable del mundo, por una indemnización de 290 millones de euros.
La resolución de estos conflictos será crucial para el futuro de las inversiones en energías renovables en España y podría tener implicaciones más amplias para las políticas energéticas y las relaciones económicas internacionales.