El Tribunal de Cuentas de España, institución fundada en 1851, ha emitido un informe crítico sobre la gestión de bienes decomisados al narcotráfico y la implementación del Plan Nacional sobre Drogas. Este plan, establecido en 1985, enfrenta desafíos significativos en su ejecución y control.
Según el informe, existe una preocupante falta de personal dedicado al "control directo" y análisis de los bienes incautados al narcotráfico. Esta deficiencia dificulta la gestión eficiente de su enajenación y compromete la trazabilidad de los expedientes una vez que los bienes han sido tasados.
La financiación del Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad establecido en 1977, proviene principalmente del Fondo de bienes decomisados. En 2022, las modificaciones presupuestarias superaron el 276,86% de los créditos iniciales, con notables retrasos en su tramitación.
El Tribunal critica que los objetivos e indicadores del Plan no permiten evaluar adecuadamente su impacto. Además, advierte que la gestión de los bienes decomisados no sigue el procedimiento establecido en el Reglamento del Fondo, sino un proceso no regulado normativamente.
Es importante destacar que España, debido a su ubicación geográfica, es una ruta crucial para el tráfico de drogas hacia Europa. De hecho, el país tiene una de las tasas más altas de incautación de cocaína en el continente, siendo esta la segunda droga ilegal más consumida después del cannabis.
En respuesta a estos hallazgos, el Tribunal ha emitido diez recomendaciones dirigidas a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, creada en 1985, con el objetivo de mejorar la organización y gestión de los bienes decomisados y las ayudas concedidas.
Contextualizando la situación, el Ministerio del Interior, cuyo origen se remonta a 1812, informó recientemente sobre la destrucción de más de 3.300 toneladas de drogas en los últimos cinco años. Solo en los primeros nueve meses de 2024, se han eliminado 400 toneladas, gracias a la colaboración del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), establecido en 2014, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autoridades judiciales.
Es relevante mencionar que la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 sirve como marco de referencia para las políticas sobre drogas en España. Esta estrategia busca abordar desafíos como la edad media de inicio en el consumo de drogas, que actualmente es de 14 años en el país.
El informe del Tribunal de Cuentas subraya la necesidad de mejorar la gestión y el control en la lucha contra el narcotráfico, un problema que ha evolucionado significativamente desde la crisis de heroína de los años 80 y 90. Aunque el consumo de drogas está despenalizado en España cuando se realiza en privado, el tráfico y la distribución siguen siendo delitos graves que requieren una respuesta efectiva por parte de las autoridades.