El gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha presentado un ambicioso plan de regeneración democrática que busca combatir la desinformación y regular la publicidad institucional. Este plan, anunciado el 28 de septiembre de 2024, incluye dos medidas clave que han recibido un amplio apoyo popular: la imposición de límites económicos a la publicidad institucional y la creación de una estrategia nacional contra las campañas de desinformación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), fundada en 2013, jugará un papel crucial en la implementación de estas medidas. Se le ha encomendado la supervisión de un nuevo registro de medios de comunicación, con el objetivo de aumentar la transparencia sobre quiénes controlan estos medios y cómo se financian.
Este plan se enmarca en una larga tradición española de lucha contra la desinformación, que se remonta a la época franquista. Sin embargo, el contexto actual es muy diferente. El término "fake news" ganó prominencia global durante las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016, y desde entonces, la lucha contra la desinformación se ha convertido en una prioridad para muchos gobiernos.
La regulación de la publicidad institucional no es nueva en España. La Ley 29/2005 ya establecía ciertas normas al respecto. Sin embargo, las nuevas medidas buscan reforzar estas regulaciones. Es importante destacar que la inversión en publicidad institucional en España alcanzó los 178 millones de euros en 2019, lo que subraya la importancia de establecer límites claros.
La estrategia nacional contra la desinformación se alinea con esfuerzos similares a nivel europeo. La Unión Europea lanzó su plan de acción contra la desinformación en 2018, y España incluyó la lucha contra este fenómeno en su estrategia de seguridad nacional desde 2017.
El plan de Sánchez también se apoya en una serie de instituciones y leyes existentes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado en 2014, y la primera ley de transparencia de 2013, han sentado las bases para estas nuevas medidas. Además, la Constitución Española garantiza la libertad de expresión e información en su artículo 20, lo que proporciona un marco legal sólido para estas iniciativas.
Es importante señalar que estas medidas no operan en el vacío. España tiene una rica historia en la regulación de los medios. La primera ley de prensa data de 1883, y el primer código deontológico periodístico se aprobó en 1993. Más recientemente, la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 ha regulado el sector audiovisual.
El éxito de estas medidas dependerá en gran medida de su implementación efectiva y del apoyo continuo tanto de los medios como del público. Con la creación del Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO) en 2020, España cuenta con recursos adicionales para combatir la desinformación a nivel europeo.
En conclusión, el plan de regeneración democrática de Sánchez representa un paso significativo en la lucha contra la desinformación y la regulación de la publicidad institucional en España. Su éxito podría servir de modelo para otros países que enfrentan desafíos similares en la era de la información digital.