En un incidente que ha sacudido la Universidad del País Vasco (UPV), un profesor de Derecho fue objeto de acoso y retención por parte de un grupo de jóvenes radicales. El suceso, ocurrido el 27 de septiembre de 2024, ha puesto de manifiesto la tensión entre la libertad de expresión y los valores universitarios.
Aproximadamente 50 manifestantes impidieron que el docente iniciara su clase en la Facultad de Derecho del campus de Leioa, en Vizcaya. El profesor fue retenido en el aula durante dos horas, desde las 11:15 hasta las 13:15, rodeado de gritos e insultos. Personal de seguridad privada tuvo que intervenir para escoltar al docente fuera del edificio.
Este incidente no fue aislado. En los días previos, el profesor había sido objeto de acoso continuo, incluyendo pintadas en las escaleras de la facultad y un ataque a su despacho el día anterior. Los manifestantes acusaban al docente de haber publicado comentarios machistas y degradantes contra las mujeres en sus redes sociales.
La UPV, fundada en 1980 y con más de 45,000 estudiantes, condenó enérgicamente los hechos. La rectora Eva Ferreira, primera mujer en ocupar este cargo, calificó el incidente como "inaceptable". Sin embargo, la universidad también señaló que los supuestos comentarios del profesor podrían ser "incompatibles con los principios y valores" de la institución.
Este caso ha reavivado el debate sobre la libertad académica y sus límites. La UPV, como única universidad pública del País Vasco, se enfrenta al desafío de equilibrar la libertad de expresión, protegida por la Constitución Española de 1978, con su compromiso de mantener un ambiente libre de discriminación.
El campus de Leioa, el más grande de la UPV con más de 30,000 estudiantes, ha sido escenario de este conflicto que refleja preocupaciones más amplias sobre el machismo y la violencia de género en España. La universidad cuenta con un protocolo contra el acoso y la discriminación, así como servicios de apoyo psicológico para la comunidad universitaria afectada por situaciones similares.
Es importante destacar que el acoso está tipificado como delito en el Código Penal español, y el vandalismo en instituciones educativas se considera un agravante. Hasta el momento, no se han producido detenciones relacionadas con este incidente.
La situación ha generado un intenso debate sobre el uso de las redes sociales por parte del personal académico y los límites de la libertad de expresión en el ámbito universitario. La UPV, que goza de autonomía garantizada por la Constitución, se enfrenta ahora al reto de abordar este conflicto de manera que preserve tanto la seguridad de su comunidad como los principios académicos fundamentales.
Este incidente en la UPV subraya la necesidad de un diálogo continuo sobre la libertad académica, la responsabilidad en las redes sociales y la prevención del acoso en los campus universitarios españoles.