El Partido Popular (PP) de la Comunidad Valenciana, liderado por Carlos Mazón, se encuentra en una encrucijada política compleja. Por un lado, busca distanciarse de Vox en temas de inmigración, mientras que por otro, necesita mantener puentes de diálogo para asegurar el apoyo en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025.
La situación se complica debido a la incertidumbre generada por el retraso del gobierno central en aprobar la senda de estabilidad presupuestaria. Ruth Merino, consejera de Hacienda, ha expresado su preocupación por esta situación, que dificulta la elaboración de las cuentas autonómicas.
El PP valenciano critica la "extrema debilidad" del gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que esta situación deja a las comunidades autónomas sin la información necesaria para elaborar sus presupuestos. La falta de objetivos de estabilidad presupuestaria aprobados impide conocer el déficit que determinará la elaboración de las cuentas autonómicas para 2025.
A pesar de estos obstáculos, la Generalitat Valenciana ha recibido una cifra récord de 15.883 millones de euros del sistema de financiación autonómica para 2024. Este monto incluye las entregas a cuenta y la previsión de la liquidación definitiva para 2023, lo que podría permitir la presentación de unos presupuestos expansivos.
Sin embargo, el PP necesita el apoyo de Vox para aprobar las cuentas en las Cortes Valencianas. Aunque la relación entre ambos partidos no ha descarrilado completamente tras la salida de Vox del gobierno autonómico, existen tensiones, especialmente en el tema de la inmigración.
Vox ha elevado la presión presentando una proposición no de ley (PNL) en las Cortes Valencianas para solicitar la "inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales". José María Llanos, portavoz de Vox, ha declarado:
"El PP debe explicar cuál es su postura si la de controlar la inmigración ilegal o hacerle el juego al PSOE. Para nosotros es una cuestión esencial. Vox no va a abandonar esta lucha."
Esta situación pone al PP de Mazón en una posición delicada, obligándolo a equilibrar su postura sobre inmigración con la necesidad de asegurar el apoyo para los presupuestos. El desenlace de esta situación podría tener importantes implicaciones para el futuro político de la Comunidad Valenciana y la estabilidad del gobierno autonómico.