La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha moderado las expectativas sobre el acuerdo de financiación para Cataluña. En una declaración reciente, Montero ha especificado que, por el momento, la Generalitat solo gestionará íntegramente la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Esta aclaración llega en un contexto de creciente debate sobre la financiación autonómica en España, un tema que ha sido recurrente desde la creación del Estado de las Autonomías en 1980. El IRPF, implementado en 1979, ha sido un componente clave en estas discusiones.
Montero ha indicado que la cesión de otros impuestos se realizará "de forma paulatina, a lo largo de los años". Esta declaración contrasta con la interpretación más amplia que algunos habían dado al acuerdo entre el PSC y ERC, partidos fundados en 1978 y 1931 respectivamente.
El pacto entre estas formaciones políticas menciona la "asunción progresiva" por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña de la gestión de todos los impuestos en la región. Esta agencia, establecida en 2007, representa un paso significativo en las aspiraciones fiscales de Cataluña.
La ministra ha enfatizado que cualquier acuerdo futuro requerirá negociaciones bilaterales y multilaterales. Este enfoque busca equilibrar las demandas de Cataluña con el principio de solidaridad interterritorial, consagrado en la Constitución Española de 1978.
El anuncio ha generado reacciones diversas. La oposición, liderada por el Partido Popular, ha criticado el acuerdo, argumentando que podría socavar la unidad fiscal del país. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha calificado el pacto como un "cupo", similar al sistema de concierto económico del País Vasco, que data de 1878.
Es importante recordar que la última reforma del sistema de financiación autonómica se realizó en 2009, y desde entonces, especialmente tras la crisis económica de 2008, el debate se ha intensificado. La creación del Fondo de Compensación Interterritorial en 1984 fue un intento de promover el equilibrio económico entre comunidades, un principio que algunos temen podría verse afectado por acuerdos bilaterales.
La postura de Montero sugiere un enfoque cauteloso, reconociendo la complejidad del tema. La ministra ha insistido en que una "financiación singular para Cataluña es compatible con la financiación del conjunto de los territorios y sus singularidades".
Este debate se desarrolla en el marco más amplio de la estructura territorial española, donde coexisten diferentes modelos de financiación, como el régimen común y los sistemas forales del País Vasco y Navarra. La Conferencia de Presidentes Autonómicos, establecida en 2004, ha sido un foro importante para abordar estos temas.
"Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido"
La evolución de este acuerdo y sus implicaciones para el sistema de financiación autonómica serán cruciales para el futuro del modelo territorial español. Mientras tanto, el debate continúa, reflejando las tensiones y aspiraciones de las diferentes regiones en un Estado descentralizado.