En el año 2023, España ha registrado una de las cifras más bajas de menores condenados en la última década, con un total de 13.022 sentenciados por diversas infracciones. Este dato refleja una tendencia positiva en la reducción de la delincuencia juvenil en el país.
Andalucía continúa liderando las estadísticas con 2.245 menores condenados, seguida por la Comunidad Valenciana con 2.012 casos. Sin embargo, se ha producido un cambio significativo en la tercera posición del ranking. Cataluña ha ascendido al tercer lugar con 1.714 menores condenados, mientras que la Comunidad de Madrid ha descendido al cuarto puesto con 1.629 casos.
Es importante destacar que en España, la mayoría de edad penal se alcanza a los 18 años, y los menores entre 14 y 18 años pueden ser juzgados por delitos según la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores.
En cuanto a los menores extranjeros condenados, la proporción se mantiene estable en torno al 20% del total durante la última década. Sin embargo, se han observado cambios en la distribución por continente de origen. Los menores europeos, incluyendo tanto a los de estados miembros de la UE como a los que no pertenecen, han aumentado de 604 en 2022 a 633 en 2023, representando ahora el 23% de los sentenciados extranjeros.
"El 18% de los sentenciados en 2022 provenían del otro lado del Atlántico."
Los menores nacidos en el continente americano también han experimentado un ligero aumento, pasando del 16% al 18% del total de extranjeros condenados. Por otro lado, los menores africanos, que representaban el 62% de los condenados extranjeros en 2022 con 1.685 casos, han disminuido al 54% en 2023 con 1.479 sentenciados.
Estos datos reflejan la complejidad del sistema de justicia juvenil en España, que se enfoca en la reeducación y reinserción de los menores infractores. Las medidas aplicadas incluyen internamiento, libertad vigilada y trabajos comunitarios, con un énfasis creciente en la justicia restaurativa y la mediación para resolver conflictos.
La prevención temprana y la colaboración entre el sistema de justicia y los servicios sociales son consideradas clave para reducir la delincuencia juvenil. Factores como la educación, el entorno familiar y el consumo de drogas juegan un papel importante en este fenómeno.
Es relevante mencionar que los delitos más comunes entre menores suelen ser hurtos y lesiones. Además, nuevas formas de delincuencia juvenil han surgido con el auge de las redes sociales y el ciberacoso, presentando desafíos adicionales para el sistema judicial.
La gestión de los centros de internamiento de menores recae en las comunidades autónomas, y la mayoría de las medidas impuestas son no privativas de libertad. El perfil del menor infractor ha evolucionado en las últimas décadas, con fenómenos como la violencia filio-parental ganando relevancia.
Finalmente, es importante señalar que los menores extranjeros no acompañados (MENA) representan un desafío particular para el sistema de justicia juvenil español, requiriendo enfoques específicos para su atención y reinserción.