El Consejo de Europa, organización internacional fundada en 1949, ha manifestado una "gran preocupación" por las sentencias judiciales que obligan a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano en las escuelas de Cataluña. Esta declaración forma parte de un informe elaborado por el comité de expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, adoptada en 1992.
Francesc Xavier Vila, consejero catalán de Política Lingüística, ha expresado su satisfacción por el informe, considerándolo un respaldo a la posición del gobierno catalán. Vila afirmó que el documento "ayuda a hacer entender que la idea del 25% indiscriminado y sin consideraciones pedagógicas es una mala idea que no gusta a nadie y que no se aviene al ordenamiento jurídico español".
El debate sobre el bilingüismo en la educación catalana ha sido recurrente en las últimas décadas, con la inmersión lingüística en catalán siendo objeto de varios recursos judiciales desde su implementación en los años 80. Actualmente, se espera que el Tribunal Constitucional, establecido en 1978, resuelva los recursos contra dos leyes autonómicas aprobadas en 2022, que buscan eludir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el porcentaje de asignaturas en español.
Es importante destacar que Vila formaba parte del gobierno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido fundado en 1931, cuando se reunió con el grupo de expertos del Consejo de Europa en enero de 2024. En dicha reunión, también participaron entidades defensoras del catalán como la Plataforma per la Llengua, una ONG fundada en 1993, y Òmnium Cultural, establecida en 1961 para promover la lengua y cultura catalanas.
La creación de una consejería específica para el fomento y protección del catalán fue una de las condiciones impuestas por ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa, líder del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), como presidente de la Generalitat. Esta práctica de crear consejerías dedicadas a asuntos lingüísticos es común en regiones con lenguas cooficiales.
Durante la reunión con el comité de expertos, Vila expresó que los derechos lingüísticos de los catalanohablantes "no están garantizados" debido a los incumplimientos del Estado en la protección del catalán, especialmente en los ámbitos de la educación y la justicia. Esta preocupación refleja el compromiso adquirido por España al ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que busca proteger y promover las lenguas regionales en los estados miembros.
"Ayuda a hacer entender que la idea del 25% indiscriminado y sin consideraciones pedagógicas es una mala idea que no gusta a nadie y que no se aviene al ordenamiento jurídico español"
La política lingüística en Cataluña, que tiene su propio parlamento y gobierno autónomo desde 1979, ha sido un tema controvertido desde la transición democrática española. El catalán, una lengua romance hablada por más de 10 millones de personas, goza de cooficialidad junto al castellano en la región, pero su uso en la administración pública y la justicia sigue siendo objeto de debate político y legal.