La Audiencia Provincial de Lleida ha dictado una sentencia condenatoria contra un hombre de 46 años, residente en Coll de Nargó, por abusos sexuales a tres menores de edad. Los hechos, que tuvieron lugar en 2020, han resultado en una pena de 18 años de prisión para el acusado.
J.R.C., quien tenía 42 años en el momento de los delitos, fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos adolescentes que vivían en régimen de acogida y de la hija de 15 años de su ex pareja. Estos acontecimientos ocurrieron tras la ruptura de una relación de siete años, durante la cual la pareja compartía domicilio en el núcleo de Gavarra, en Coll de Nargó.
La situación familiar era compleja, ya que en el hogar convivían los hijos en común de la pareja, otros dos menores de una relación anterior de la ex pareja, y dos adolescentes de nacionalidad alemana en régimen de acogida. Esta diversidad familiar refleja la complejidad de las relaciones modernas y los desafíos de la protección infantil en situaciones de acogida.
Los abusos, según se ha probado en el juicio, ocurrieron principalmente durante los trayectos escolares, cuando J.R.C. transportaba a las menores en su vehículo. Esta situación subraya la vulnerabilidad de los menores en entornos aparentemente seguros y la importancia de la supervisión en el transporte escolar, especialmente en áreas rurales como Coll de Nargó.
Las víctimas sufrieron diversos cuadros depresivos como consecuencia de los abusos, que se prolongaron desde octubre hasta diciembre de 2020. Este impacto psicológico es común en casos de abuso sexual infantil y puede requerir años de terapia para su superación.
La denuncia que llevó a la condena se produjo tras un examen médico de una de las menores en el hospital de la Seu d'Urgell, el centro sanitario de referencia para la comarca del Alto Urgel. Este hecho destaca la crucial importancia de los profesionales sanitarios en la detección y denuncia de casos de abuso.
Es importante señalar que en España, la prescripción de delitos sexuales contra menores comienza a contar desde que la víctima cumple 35 años, lo que proporciona un amplio margen temporal para que las víctimas puedan denunciar cuando se sientan preparadas.
La sentencia de 18 años de prisión refleja la gravedad con la que el sistema judicial español trata los delitos de abuso sexual a menores. Además, es probable que el condenado sea incluido en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, una medida preventiva para evitar la reincidencia en este tipo de delitos.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a menores, especialmente en situaciones de acogida, y la importancia de la educación y la vigilancia para prevenir y detectar casos de abuso sexual infantil.